Berisso en llamas: Cagliardi privatizó cobro de tasas y peronistas K le mandaron carta a Cristina
En las últimas horas, una carta abierta dirigida a la vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner para denunciar medidas antipopulares del actual Intendente del kilómetro Cero del peronismo, Fabián Cagliardi, alteró una vez más el avispero político en Berisso.
La misiva, que está firmada por sectores duros del kirchnerismo, advierte a la máxima autoridad legislativa de la nación sobre “el atropello contra el Estado y el Pueblo que tiene el intendente de Berisso Fabian Cagliardi, como principal responsable”, haciendo alusión al proyecto impulsado por éste y aprobado en el Concejo Deliberante local para contratar una empresa privada que realice el cobro de impuestos.
En otro párrafo destacan en este sentido que “la recaudación tributaria es una función pública, no un servicio- irrenunciable e indivisible al Estado, atribuida por la carta magna y la Constitución de la Provincia de BsAs”, asegurando que “la privatización del sistema de cobranza de tasas es inconstitucional y pone en peligro a todos los ciudadanos de Berisso”.
Por último, el escrito afirma sobre esta medida, que recibió el apoyo de los ediles peronistas, que “cualquier parecido al modus operandi de los fondos buitres no es mera coincidencia”.
Referentes peronistas contaron a Primera Página que son varios los que coinciden con lo expresado en la carta abierta, pero que no han tenido la valentía de manifestarlo públicamente aunque sí lo hacen “por abajo”, porque estos hechos chocan de frente con los intereses del vecino.
La empresa adjudicada se quedará con el 22% + IVA, lo que representa un 30% de ganancia y son varios referentes que se preguntan: ¿en calidad de qué?, ya que debido a la legislación vigente, el Estado no puede otorgar la memoria y antecedentes ni ningún otro tipo de datos a los contribuyentes. Y la empresa solo realiza tareas de asesoramiento, cursos de capacitación y elementos informáticos.
EL PEZ POR LA BOCA…
Esto se suma a que fue el propio secretario de Economía municipal Gabriel Bruno, quien públicamente afirmó que “el 60% de las construcciones son clandestinas”, para conocer estos detalles en el organismo provincial ARBA, una área destinada al asesoramiento para municipios que de forma gratuita podría haber sido utilizada para el mismo fin que ahora persiguen, pero con una empresa privada.
Asimismo, otro hecho que llamó la atención es que trabajadores municipales «históricos» del área de Ingresos Públicos, fueron desplazados por diversos motivos.
Mientras tanto, hay que decir que la empresa ganadora de la licitación es «Tercerización Ingresos Públicos Sociedad Anonima (TIPSA)», con experiencia laboral en el distrito de Quilmes.
FUERTES CUESTIONAMIENTOS AL SILENCIO “CÓMPLICE” DE PELUSA LARRAÑAGA
La concejal peronista que representa y defiende las banderas de la lucha de los ´70, vecina del popular barrio Villa Nueva, militante barrial y declarada ferviente luchadora contra el neoliberalismo, recibió fuertes cuestionamientos internos por levantar la mano sin chistar y permitir a Cagliardi que otorgue el 30% de ganancia por asesorar y dar cursos, sobre algo que el Estado podría haber realizado.
Es que la edil no puede argumentar el por qué cedió ante semejante medida, al igual que el resto de sus compañeros de bancada, salvo el edil que representa al Frente Renovador, Agustín Celi quien se abstuvo. Entre otras, figuran la concejal Martina Drkos, quien se presenta como referente de un Movimiento Social y también apoyó esta medida en silencio, calificada como “antipopular”.
NO APRENDE DE SECCO
En otro orden, varios militantes esgrimen que lo ideal hubiese sido seguir los pasos del jefe comunal ensenadense, que al llegar al sillón de Intendente, puso sus esfuerzos en prestar servicios de calidad al vecino y de esa manera logró aumentar la tasa de cobrabilidad en Ensenada. Pero terminó la campaña y Secco parece no ser el modelo a seguir por el empresario que hoy gobierna en Berisso.
LA CARTA A CRIS
CARTA ABIERTA A CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
Vicepresidenta del Pueblo argentino
Nos dirigimos a la máxima autoridad legislativa de la Nación por un grave atropello contra el Estado y el Pueblo que tiene al intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, como principal responsable. En su cuarta sesión ordinaria, el Consejo Deliberante de dicho municipio aprobó el llamado a licitación pública (expdte. N° 4012-2696/2020) para contratar una empresa privada que realice el cobro de impuestos municipales y obtenga el 30% de la recaudación como ganancia por “prestación de servicio”.
Como es sabido, la recaudación tributaria es una función pública -no un servicio- irrenunciable e indivisible del Estado, atribuida por la Carta Magna y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. El poder ejecutivo no está facultado para disponer libremente del crédito ni derogar su obligación tributaria, teniendo la recaudación como finalidad excluyente satisfacer las necesidades de la comunidad. Por tanto, es inconcebible desviar fondos del erario público para satisfacer negocios privados (Art. 4, 16, 17, 19 y 75 inc. 1º y 2º de la Constitución Nacional).
Alegar incapacidad para cobrar tributos es un argumento inaceptable que no justifica bajo ninguna razón delegar esa obligación monopólica que detenta el Estado. (Art. 100 inc. 7° de la Constitución Nacional y art. 144 inc. 9° de la Constitución de la Pcia. de Bs. As.). A su vez, es falso suponer que la tercerización signifique un aumento en la recaudación, por el contrario, si la remuneración de la empresa cobradora es de un 30% de lo recaudado, implica que las tasas aumentarán en la misma proporción. Con lo cual, en un contexto de pandemia y recesión económica mundial, es lógico deducir que la población contribuyente se reducirá al no poder afrontar un nuevo aumento.
La privatización del sistema de cobranza de tasas es inconstitucional y pone en peligro a todos los ciudadanos de Berisso. ¿Con qué legitimidad se arroga un empresario privado la potestad de determinar quién le debe al Estado y cuánto? La determinación y recaudación de tasas, que realizan las empresas tercerizadas sobre deudas no prescriptas -hasta con multas y recargos-, violan el secreto fiscal que protege la información de los contribuyentes (Art. 43 de la Constitución Nacional). Este aprovechamiento ilícito de prerrogativas estatales es un avasallamiento en contra del Pueblo, que está indefenso frente a estas viejas prácticas fraudulentas. No podemos desconocer fines especulativos, relacionados al negocio inmobiliario, detrás de este tipo de operaciones. La crueldad con la que grandes millonarios se benefician de las crisis económicas, despojando a nuestro humilde Pueblo trabajador de sus escasos bienes, no responde a la ambición de lucro, sino al sometimiento político. Cualquier parecido al modus operandi de los fondos buitres no es mera coincidencia.
Achicar el Estado es achicar la Nación.
Laura Barrionuevo (Presidenta Social 21, La Tendencia), Bárbara Solernou (Consejo de Fábrica Astillero Río Santiago), Pablo Anastasio (Peronismo Siglo XXI), Mariela Gutiérrez (Agrup. Política y Social Mil Flores), Nicolás Rodríguez (Mesa Nacional Liberación Popular BCRA), Isabel Almada (Géneros en Lucha), Gustavo Lahoud (Unidad Popular – La Voz de las Comunas, Radio Asamblea), Olga Beatriz Fontana Román (Asociación Civil Activar, Lanús), Raúl Fister (Agrup. Esperanza, Patria y Libertad), Mónica Schlotthauer (Cuerpo Delegados Línea Sarmiento), Jorge Ernesto Conte (El Termómetro, FM Popular), Alejandra Basso (ATE Cuerpo Delegades – Min. de Desarrollo Territorial y Hábitat), Javier Caccavelli (Mesa Nacional Liberación Popular – CNEA), Tomás Duplatt (Agrupación Jorge Sábato – UNSAM).
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