Persiguiendo a la pornografía infantil con big data y stalkeo judicial
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En una oficina de la calle Chacabuco, cerca de la Plaza de Mayo, una decena de monitores muestran cada día 230 reportes de delitos de pornografía infantil. La oficina es angosta y fría. Tiene muebles de fórmica blanca y un ventanal de vidrios opacos. No es extraño que nadie quiera hacerla su territorio: aquí, con esos avisos que llegan desde Estados Unidos, es donde comienza la mayor cantidad de investigaciones judiciales locales para casos de porno de niños.
Las computadoras están conectadas a través de una VPN (virtual private network: una red privada virtual) al National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), una ONG estadounidense que rastrea en Internet e informa casos de pornografía infantil. Todos los que revelan origen argentino (por ejemplo, una IP) son derivados al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Y desde ahí, a las provincias.
“Ver las imágenes de la pornografía infantil es terrible”, dice Enrique del Carril, el director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales. “Nosotros tenemos una psicóloga que monitorea a nuestros analistas, que tienen que ver todo el día estas imágenes tan perturbadoras”.
Del Carril trabajó con la fiscal Daniela Dupuy, de la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad, y con la Sección de Ciberdelitos Contra la Infancia, Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad, en el caso del pediatra Ricardo Russo (el jefe del Servicio de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan), acusado de distribución y producción de pornografía infantil.
La pista fue descubierta primero por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos: en la red eMule (una plataforma de intercambio punto a punto, P2P) los archivos de porno infantil iban y venían, y llegaban hasta Brasil y la Argentina. “Establecimos que desde al menos 40 domicilios distribuidos en toda la Argentina se distribuyó material pornográfico de menores, lo que derivó en casi la misma cantidad de allanamientos”, dice Del Carril.
La Policía de la Ciudad también investiga la pornografía infantil. La Dirección de Prevención e Investigación de Delitos Tecnológicos emplea a 145 personas y tiene dos departamentos y nueve dependencias. “Hay un área que investiga específicamente pornografía infantil”, explica el comisionado mayor Carlos Rojas. “Se hace ciberpatrullaje en Twitter, Facebook, foros, etcétera. Todo lo que está abierto se observa. Una vez que se detecta una maniobra ilegal, se baja en un acta y se anoticia a la Justicia”.
La Argentina es uno de los países que distribuyen y consumen pornografía infantil con más apetito. En cifras mundiales, se estima que el negocio mueve 250 millones de dólares por año. En 2017 hubo más de 19.000 denuncias de producción y distribución, y en marzo de 2018 una nueva norma estableció que la simple tenencia de material pornográfico infantil también era un delito. Para la ley argentina, es pornográfica la imagen de un menor exhibiendo sus genitales o en situaciones sexuales explícitas.
“Después de que nos llegó el aviso del caso del pediatra, hubo que hacer un proceso para ‘pegar’ esa IP con una persona real: hubo que investigar”, dice Del Carril. “En este tipo de casos se le pide información a las compañías proveedoras de Internet y se usan mecanismos de open-source intelligence, inteligencia de fuentes abiertas; es decir, perfilaciones digitales. Eso es básicamente lo que hacen las empresas para vendernos cosas: quién es esta persona, quién tiene este perfil, quién hace estas interacciones… Es cruzar información en redes sociales y pedir información en bases de datos públicas, semipúblicas y privadas como las del ReNaPer, el Registro Nacional de Reincidencia, el Veraz, etcétera. Hacemos big data”.
El Cuerpo de Investigaciones Judiciales funciona en un edificio antiguo de tres pisos. Del Carril invita a recorrerlo y abre puertas con su tarjeta electrónica. En el salón principal, los investigadores se dispersan en escritorios largos, sin asiento asignado. Usan una notebook y un teléfono, y están en su rincón favorito. O en la calle. Son 45 y se esparcen en el área de investigación de cibercrimen (que incluye todos los delitos informáticos). En la oficina de NCMEC trabajan otros 15. Además, hay un taller de desarrollo tecnológico donde se fabrican drones y robots, una oficina de allanamientos y algunas aulas de capacitación. El Cuerpo de Investigaciones Judiciales posee uno de los laboratorios forenses informáticos más adelantados de América Latina. “Hoy, que todo el mundo tiene un teléfono, cada delito tiene un tramo para nosotros”, dice Del Carril.
Desde la oficina de comunicación con el NCMEC asoma Marina Ocampo, una mujer con tatuajes en sus manos: es la responsable de la sección. “Procesamos 100 a 150 reportes por día, de lunes a lunes”, dice. “El pedófilo vuelve y vuelve. Ya tenemos la pauta de que hay de todo: hombres, mujeres y hombres que se hacen pasar por mujeres para seducir chicos”.
Los analistas hacen un primer filtro de los reportes que llegan y deciden si se envían a una fiscalía o se archivan. Las imágenes más explícitas pueden shockearlos, por eso sólo las ven al principio y en la etapa de supervisión. “Es bastante pesado”, dice Ocampo. “Una vez que detectamos material real, el analista cambia y se pone a trabajar en otra cosa porque es muy fuerte”.
La oficina trabaja con prioridades cuando detecta un caso en el que un niño está en riesgo o a punto de ser abusado. Si hay una foto tomada en una vivienda, los analistas la marcan como prioritaria para derivar el caso a la fiscalía que corresponda de acuerdo a la IP, al número de teléfono o, si esa información no está, a los datos que surjan con una búsqueda de fuentes abiertas.
La investigadora Ocampo tiene un hijo de 11 años. “Ver un video con un nene de esa edad, y pensar qué le pueden hacer me horroriza”, dice. “Pero saber que agarraron a un pedófilo te devuelve las ganas de trabajar”.
En noviembre del año pasado, la casa del pediatra Russo fue allanada por Gendarmería Nacional. “En dos de sus computadoras había archivos de imagen y video con menores de entre 6 meses –bebés– y 14 años de edad dedicados a actividades sexuales explícitas”, se lee en el comunicado del Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Ahora, la última noticia es que se determinó que nueve imágenes fueron tomadas en el Hospital Garrahan.
“En estos allanamientos uno tiene que ser muy cuidadoso porque la IP es de una casa, pero no sabemos qué persona estuvo usando el dispositivo”, sigue Del Carril, el director. “Hay que hacer un análisis profundo porque si no el error es gravísimo. Y lo aprendimos de la peor manera: antes íbamos a un lugar por una IP, pero nos encontrábamos con un montón de dispositivos y mucha gente, y no podíamos unir personas y hechos”.
Sin embargo, en el caso del pediatra Russo las pericias demoraron seis meses. ¿Por qué? “Hay una crisis mundial en la informática forense”, dice Del Carril. “Todos los delitos tienen dispositivos electrónicos y estos tienen cada vez más memoria. El tema de los volúmenes de prueba es un problema del que se habla en los congresos de informática forense: todos los laboratorios del mundo están colapsados”.
Mientras tanto, el pediatra fue trasladado a la cárcel de Ezeiza. Le prohíben cualquier contacto con celulares y computadoras: las autoridades temen que si logra entrar en la nube, en sus drives o en sus mails, borre todo y logre convertir su caso en poco más que una ilusión.
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